22 mayo, 2013

Comunicat del GMPPC de Terrassa sobre la LOMCE



ElogotipoPPn relación a la propuesta de Acuerdo de Portavoces del Ayuntamiento de Terrassa presentada por el Grupo Municipal de CIU sobre el Proyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa, y que parece puede ser apoyada por los grupos del bipartito municipal de izquierdas, propuesta a la que indudablemente no daremos apoyo, entre otros motivos de los múltiples que podemos señalar, por rechazar íntegramente su demagógico contenido, porque es insultante e irrespetuosa, porque miente dolosamente en diversos puntos, por responsabilidad, etc,  manifestar que:

 Es urgente y necesaria una reforma del actual sistema educativo, teniendo en cuenta los datos y resultados desastrosos de nuestro sistema educativo, y frente a los cuales ningún gobierno, incluida la Generalitat, debiera quedarse impasible.  Así:  En el conjunto del Estado, tenemos una tasa de desempleo juvenil que supera el 57%; una tasa de abandono escolar del 24’9%, que dobla a la del resto de países de la Unión Europea; un 23’7% de jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, resultando que esta tasa únicamente es superada por Israel; una elevada tasa de repetidores que supone un coste adicional de 2.500 millones de euros; unos resultados académicos que nos alejan de los puestos de cabeza, según las pruebas PISA, y que han empeorado con los años (los resultados de PISA 2000 fueron 493 puntos, frente a los 481 puntos obtenidos en las pruebas PISA 2009); y todo esto con una inversión en el sistema educativo que está un 21% por encima de la media de la OCDE y la Unión Europea, y que en la última década se ha duplicado (de 27.000 millones de euros a 53.000 millones de euros).

 Los datos expuestos revelan la ineficacia e ineficiencia de nuestro actual sistema educativo, resultante de las leyes impulsadas por el PSOE, y es necesario un cambio para que todos nuestros jóvenes alcancen las metas. Para que este cambio sea posible, la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa propone un sistema educativo más flexible, con una atención mucho más individualizada, que garantice una igualdad de oportunidades real  y que intente detectar precozmente los problemas, basado en:

 1.-  Un sistema de evaluaciones que garanticen que las competencias mínimas que tienen que adquirir los estudiantes al final de cada etapa sean las mismas en todo el territorio nacional. Para ello la Ley prevé:

 a.- Una prueba de detección precoz en 3º de Primaria en matemáticas y lectura, diseñada y realizada por las Comunidades Autónomas.

b.- Una Prueba final de etapa en 6º de Primaria, diseñada y realizada por las Comunidades Autónomas.

c.- Una Prueba final de etapa en 4º de ESO, adaptada al itinerario escogido por el estudiante. De competencia estatal.

d.- Una Prueba final de etapa en Bachillerato o en FP. De competencia estatal.

 2.- Flexibilización en la Formación Profesional (FP), a fin de hacerla más atractiva para el estudiante y conseguir que nuestros alumnos encuentren una vía alternativa más práctica, más aplicada y que facilite su acceso al empleo:

 a.- Ciclos de FP Básica a partir de 15 años, de dos años obligatorios.

b.- FP de Grado Medio que incluya materias para facilitar la transición del alumno hacia otras enseñanzas.

c.- FP dual.

 Además se prevén pasarelas entre ESO, FP y Bachillerato para que cualquier decisión de las familias y los alumnos sea siempre reversible.

 3.- Mayor Autonomía de los centros, dotándoles de una mayor capacidad de gestión y decisión, lo cual va unido a una mayor rendición de cuentas y mayor transparencia.

 4.- Nueva configuración de las asignaturas:

 a.- Asignaturas comunes o troncales: El Estado define el contenido de los currículos y las evaluaciones.

b.- Asignaturas específicas: El Estado define unos estándares de evaluación, pero son las comunidades autónomas quienes definen los currículos.

c.- Asignaturas de libre configuración: Las comunidades autónomas son las que definen libremente los currículos.

 5.- Castellano en CCAA con lengua cooficial. Con esta Ley, el gobierno garantiza el derecho de todas las familias y alumnos a que el castellano también sea lengua vehicular, si así lo deciden. Por ello, en aquellas CCAA donde la comunidad NO CUMPLA con la obligación que tiene de ofertar la posibilidad de que los alumnos estudien en un sistema donde se respete tanto el castellano como la lengua cooficial, ambas como lenguas vehiculares, se podrá acudir a una escuela privada, si es que es la única escuela que oferta esta posibilidad, y el coste será adelantado por el Ministerio, quien detraerá esta cantidad de la financiación a la comunidad autónoma. Este sería un mecanismo transitorio y temporal hasta que la comunidad autónoma adapte el sistema educativo.

 6.- Suspensos: Se podrá pasar de curso con un máximo de dos asignaturas suspensas, excepto si esas dos asignaturas son matemáticas, lengua castellana y lengua cooficial, esto es, si dos de estas tres asignaturas están suspensas, no se pasa de curso.

En conclusión, la ley pretende la mejora de la calidad del sistema educativo y no supone la “invasión” de competencias autonómicas.

 Desde el GMPPC consideramos que la propuesta (demagógica y que falta a la verdad en diversos aspectos) de CIU sólo puede ser definida como irresponsable, en primer lugar, porque defiende un sistema educativo fracasado, a tenor de los resultados desastrosos que ha generado, y en segundo lugar, porque el único objetivo de la propuesta de CIU es buscar y generar la confrontación con el gobierno estatal, sirviéndose de la LOMCE como de un mero instrumento.

 GMPPC de Terrassa

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